La violencia contra los niños es ahora reconocida como un problema de salud pública a nivel mundial, ya que afecta a todas las naciones por igual. Los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestran que casi todos los municipios de Brasil (99,9%) reportaron haber tenido en 2009 la estructura organizativa para abordar la política de bienestar social (sólo cuatro municipios no tenían)[1]. La prestación de servicios de asistencia social también puede ser demostrada por el alto porcentaje de municipios que ofrecen servicios básicos de protección social (97,9%) y la protección social especial (87,6%). Sin embargo, dentro del grupo de protección especial, los servicios municipales de alta complejidad están aún poco presentes: el Hogar de Niños, Niñas y Adolescentes, por ejemplo, está presente sólo en el 24,5% de los municipios, mientras que el hogar principal es ofrecido por 20,6% de estos. Menor aún es el porcentaje de municipios que decía acoger a las personas que viven en las calles (5,2%) y los refugios para mujeres (2,7%). Por los servicios prestados por las entidades convenidas con el gobierno, las dos terceras partes de los municipios no informaron ejercer un control sobre ellos.